Contexto

El 21 de noviembre de 2019 y el 28 de abril de 2021 marcan el inicio de la movilización social más grande en la historia reciente de Colombia. La diversidad de actores y repertorios de acción ha dificultado su análisis e incluso su misma denominación, siendo descrito como "estallido social", "revuelta popular", "movilización" o "paro nacional".

Lejos de ser un acontecimiento fortuito, el estallido social fue el resultado de un acumulado de luchas y malestares, exacerbados por la pandemia COVID-19 y la propuesta de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, que se percibía como un beneficio al gran capital en detrimento de las clases medias y populares (Archila y García, 2023; Celis y Garcés, 2023). Este fenómeno se inscribe en una tendencia global de crisis del modelo neoliberal que, desde Grecia y la Primavera Árabe hasta Chile y Ecuador, configuró diversas expresiones de descontento popular (Estrada et al., 2023).

El estallido social designa un ciclo de protesta de alta intensidad, masivo y desbordante, que emerge como expresión de un malestar estructural y generalizado frente a la hegemonía neoliberal y las políticas autoritarias (Molano Camargo, 2022). Su rasgo definitorio es la espontaneidad: supera los canales convencionales de movilización y a sus convocantes tradicionales, como el sector sindical y el Comité Nacional del Paro, descentralizando la acción colectiva hacia barrios y territorios (Medina, 2022).

El estallido no es un evento aislado sino un proceso territorializado y culturalmente disruptivo: durante el 2021, el derrumbe de estatuas, la resignificación de espacios y la expresión gráfica en los muros constituyeron una dimensión simbólica de disputa por los marcos narrativos, la memoria y la historia (Azuero, 2023).

La protesta urbana refiere a acciones episódicas realizadas en el espacio público —marchas, mítines, bloqueos— orientadas a exigir derechos, servicios o reconocimiento. Se define por su "capacidad de interrupción, alteración y desafío del orden institucional, económico y político" (Salamanca, 1999, p. 242) y constituye el instrumento político de negociación propio de los movimientos sociales.

Metodológicamente, se comprende a través de ciclos de protesta —entendidos como fases de alto conflicto con rápida difusión de la acción colectiva (Tarrow, 1998)— y de eventos de protesta que, al encadenarse, configuran dichos ciclos. Los entornos de ocurrencia —condiciones sociales, económicas e institucionales— y las oportunidades políticas determinan el cálculo estratégico de los actores (Salamanca, 1999). La reforma tributaria de 2021 operó precisamente como ese detonante que cristalizó el ciclo del estallido.

Aunque el término Paro remite históricamente a la huelga laboral y se asocia al actor sindical, el Paro Nacional colombiano —convocado primero en noviembre de 2019, y en 2021 desde marzo, desarrollado entre el 28 de abril y los meses de mayo y junio— desbordó ampliamente esa acepción tradicional. Su convocatoria reunió a una alianza sin precedentes: la CUT, la CGT, la CTC, la CPC, la CDP, FECODE, Dignidad Agropecuaria, la Cruzada Camionera, autoridades étnicas articuladas en el CRIC, y plataformas políticas como el Congreso de los Pueblos, entre otros sectores estudiantiles, campesinos y populares.

Más que una huelga o un paro cívico convencional, constituyó un proceso de protesta caracterizado por su amplia cobertura territorial, participación masiva, prolongada duración y elevada radicalidad (Archila y García, 2023; Medina Pineda, 2023). En este contexto, el Comité Nacional de Paro (CNP) surgió como instancia articuladora de sectores inconformes, pero en 2021 fue progresivamente desbordado por dinámicas autónomas de organización y representación popular, perdiendo centralidad dentro de un campo de movilización cada vez más descentralizado y diverso (Acosta, 2026).

Aunque complementarios, los conceptos operan en registros distintos. La protesta urbana es la categoría analítica y metodológica: permite reconstruir episodios, caracterizar actores, documentar repertorios y demandas, y revelar las contradicciones. El estallido social, en cambio, designa un fenómeno histórico-político concreto: un momento de ruptura donde la protesta desborda sus propios marcos institucionales y convencionales, involucra actores previamente no articulados y adquiere una dimensión masiva, territorial y culturalmente transformadora.

En síntesis: la protesta es el recurso metodológico para analizar el estallido, mientras que el estallido es la expresión más radical y desbordante de la protesta.

La heterogeneidad de actores fue uno de los rasgos más notorios del estallido. Si bien hubo protagonismo juvenil, distintos rostros participaron de las protestas: jóvenes, muralistas, artistas, primeras líneas, guardias indígenas y cimarronas, mujeres, brigadas de salud, ollas comunitarias y sindicalismo (CNMH, 2024).

Medina (2022) propone la noción de "muchedumbres políticas" para capturar esta diversidad: jóvenes de sectores populares —eslabón más débil del mercado laboral durante la pandemia—, primeras líneas provenientes de barrios golpeados por décadas de represión y exclusión, disidencias sexuales, mujeres, sindicatos y trabajadores. Las primeras líneas, en particular, representaron un hito histórico: surgidas como respuesta a la represión policial, se ubicaron en los territorios de su vida cotidiana, deslindándose de la identidad tradicional del movimiento estudiantil (Equipo de Investigación Educapaz, 2023).

La ausencia de un sujeto político único y la universalidad de demandas, producto de la diversidad de participantes, mantienen abierto el debate sobre el protagonismo del estallido (Archila y García, 2023).

Una característica distintiva del estallido fue su persistencia: el fenómeno se extendió en 2021 por un periodo no menor a seis meses, durante los cuales las movilizaciones se sucedieron de manera constante.

El proceso puede dividirse en al menos tres fases. La primera abarca desde el 21 de noviembre de 2019 hasta el 27 de abril de 2021, e incluye las manifestaciones de septiembre de 2020; la segunda transcurrió entre el 28 de abril y el 28 de julio de 2021, correspondiendo al momento de mayor intensidad; y la tercera se extendió desde finales de julio hasta diciembre de 2021, caracterizada por una reducción progresiva aunque sin extinción completa de la movilización (CNMH, 2024).

La segunda fase concentra el auge de la movilización. González Posso (2022, p. 9) destaca que entre el 28 de abril y el 28 de julio de 2021 transcurrieron 90 días de insubordinación nacional, cifra que contrasta notoriamente con los antecedentes históricos: el paro cívico nacional de 1977, por ejemplo, tuvo una duración de apenas tres días.

El mes de mayo registró un crecimiento exponencial de los eventos de protesta: el 1 de mayo se distinguió por su carácter multitudinario; el 2 de mayo Iván Duque retiró el proyecto de reforma tributaria; y el 3 de mayo renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. La primera semana de mayo fue el periodo con el mayor número de bloqueos reportados, con un punto máximo el 5 de mayo de 2021 (Defensoría del Pueblo, 2021, p. 22).

Estas fechas conmemorativas revelan cómo el estallido articuló memorias y agravios acumulados, convirtiéndose en un espacio de condensación de múltiples luchas sociales.

Tamaño y organización

Frente a la proliferación de definiciones descriptivas que acumulan atributos —masividad, espontaneidad, violencia, fugacidad— sin ofrecer criterios analíticos precisos, Chávez (2026) propone una definición minimalista del estallido social basada en dos dimensiones estructurales: el tamaño de la movilización y su nivel de organización.

Según esta propuesta, un estallido social es un conjunto de acciones colectivas contenciosas que reúne de forma masiva a actores individuales o colectivos sin estar articulados bajo una estructura organizativa única ni estable. La masividad no refiere a un umbral absoluto sino relativo a la escala de cada país y a la capacidad de la movilización para interrumpir significativamente la vida cotidiana; la organización, por su parte, no implica ausencia de actores organizados, sino la imposibilidad de que alguno de ellos articule o dirija el proceso en su conjunto.

Esta combinación de criterios permite distinguir el estallido de otras formas de acción colectiva contenciosa: los repertorios de movimientos sociales son masivos pero organizados; las huelgas presentan alta organización pero escala acotada; y los disturbios, aunque desorganizados, no alcanzan la masividad transversal del estallido (Chávez, 2026).

Aplicada a los casos de Chile (2019), Colombia (2021) y Perú (2020), la matriz tamaño-organización confirma que, en los tres episodios, la masividad desbordó cualquier estructura preexistente, independientemente del grado de organización previo de los actores participantes (Chávez, 2026).